Un análisis sobre la crisis social en Mendoza, el avance sobre derechos básicos, la fragmentación política y el debate interno del peronismo frente a la minería. Quiénes toman las decisiones, cómo se construye la responsabilidad política y por qué el pueblo vuelve a ser el actor central.
Una conversación profunda sobre la historia política argentina, los ciclos de gobiernos de derecha y populares, la clase media aspiracional y el avance sobre los derechos laborales. Por qué las crisis no son casuales y cómo la organización popular vuelve a ser clave para construir una salida colectiva.
Una reflexión crítica sobre el rol de las dirigencias políticas y sindicales en Mendoza y el país. Minería contaminante, derechos laborales, jubilaciones, educación y endeudamiento: cuando el poder económico avanza y negocia, la resistencia vuelve a nacer desde la calle, las asambleas y la memoria colectiva.
Una plaza llena de familias, jóvenes y adultos mayores pidió que no se avance sobre el agua. La Legislatura decidió otra cosa. La decepción, el enojo y la convicción de no bajar los brazos atraviesan este testimonio, que vuelve a poner en el centro una pregunta clave: ¿existe algún informe técnico que garantice que la minería no va a contaminar el agua de Mendoza?
Mendoza atraviesa una crisis hídrica profunda y, aun así, el poder político insiste en avanzar con un modelo extractivo que pone en riesgo el agua. No se trata de estar a favor o en contra del progreso, sino de exigir garantías reales para la vida. La minería y el agua no son el mismo paradigma, y la sociedad mendocina lo entiende con más claridad que muchos de sus representantes.
Mientras desde el poder se repite que la economía mejora y que el país está entre los mejores del mundo, en Mendoza crece el desempleo, cierran empresas y se deteriora la industria nacional. Los datos, las experiencias concretas y la vida cotidiana desmienten el relato oficial. Este no es un debate ideológico: es la realidad que viven miles de trabajadores y trabajadoras.
Mientras el gobierno acelera proyectos y promete un supuesto boom de empleo, la realidad muestra cierre de pymes, pérdida de puestos de trabajo y un ataque directo a los derechos laborales. La CGT advierte, llama a la unidad y plantea con claridad que la única salida posible es la resistencia organizada. El debate no es técnico ni económico: es político y social.
La aprobación del proyecto San Jorge no es solo una decisión legislativa: es una muestra de cómo el poder político intenta imponer la minería sin licencia social. La búsqueda de unanimidad, la presión de las mineras, el rol de los medios y el vaciamiento de las asambleas explican por qué hoy la única herramienta que le queda al pueblo mendocino es la protesta en la calle. Esto no es una discusión técnica, es una disputa política por el agua y el futuro.
Voté en contra de la modificación de la Ley 7722 y volvería a hacerlo. No fue una decisión improvisada ni ideológica: fue política, ambiental y profundamente mendocina. Hoy, con más información y más fuerza, afirmo que el debate sobre la minería en Mendoza no gira en torno al trabajo ni al desarrollo, sino a un negocio millonario sostenido por relatos, silencios y un sistema de controles que no existe. En esta nota explico cómo se armó el andamiaje legal, quiénes jugaron en cada momento y por qué el famoso 3% es una trampa que se repite.
Reflexiones en Radio Belgrano AM 650 Mendoza
