En esta edición de Ida y Vuelta, del 21 de septiembre, el programa producido y emitido por Otras Voces Multimedio dedicó su primera hora a un tema que atraviesa a toda la sociedad: la baja de la edad de imputabilidad penal en la Argentina, recientemente sancionada como ley, y sus implicancias concretas para Mendoza.
Qué establece la nueva ley
La columnista Andrea Blandini explicó que se trata de la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y crea un sistema penal juvenil autónomo, con penas que pueden llegar hasta los 15 años de prisión. Según remarcó, esto significa que un adolescente de 14 o 15 años podría salir de un proceso penal recién a los 30 años bajo la condena máxima prevista.
«Vos me vas a decir: bueno, parece hasta lindo, no se ve tan mal. Pero yo te voy a decir una cosa, no sé si lindo es la mejor definición.»
Un consenso de especialistas en contra
Uno de los puntos más fuertes planteados por la columnista fue que el rechazo a esta reforma no proviene de una opinión aislada, sino de un amplio consenso de organizaciones especializadas: la Iglesia Católica y la Evangélica, el Colegio de Psicólogos, la Sociedad Argentina de Pediatría, la red de jueces penales bonaerense y los defensores públicos de todo el país.
«No es una persona que opina porque opinar es gratis, sino que estamos hablando de una red de especialistas.»
Infraestructura colapsada y un dato que llama la atención
Entre los fundamentos que esgrimen quienes se oponen a la reforma se destacó, en primer lugar, la falta de infraestructura adecuada: los espacios de alojamiento para adolescentes en conflicto con la ley ya están sobrepoblados en la actualidad. A esto se sumó un dato estadístico poco difundido: Argentina y Cuba tienen la tasa de homicidios más baja de toda la región, lo que llevó a cuestionar qué problema concreto vendría a resolver esta reforma más allá de su exposición mediática.
«Lo que es alto es la exposición mediática del homicidio en la Argentina, y que se utiliza para fines políticos.»
La relación entre marginalidad y delito
Otro de los ejes centrales del debate fue la vinculación entre el recorte en políticas sociales y educativas y el aumento de la marginalidad. Según se planteó, un adolescente sin acceso a educación, salud mental y contención social no queda pasivo frente a la falta de recursos, sino que busca alternativas de subsistencia, muchas veces ligadas al delito.
«Si vos recortás en educación y en programas sociales, claramente lo que sube es la marginalidad.»
La mirada de una especialista en contexto de encierro
El programa sumó, vía videollamada, a Anita Sosino, integrante del espacio «No a la Baja» y trabajadora social con experiencia en contextos de encierro y espacios comunitarios con adolescentes. Sosino remarcó que la mayoría de las organizaciones sociales, colectivos profesionales y organismos de derechos humanos vienen advirtiendo desde hace años que bajar la edad de punibilidad y endurecer las penas no resuelve las problemáticas reales que atraviesan las infancias y adolescencias.
Según explicó, el sistema penal es selectivo y persigue mayormente a una determinada clase social, mientras que el financiamiento que se destina al aparato punitivo no se traduce en mayores recursos para educación, salud mental o alimentación, áreas donde persisten importantes déficits estructurales en Mendoza.
Cuando el castigo pretende garantizar un derecho
Uno de los señalamientos más contundentes de la entrevista giró en torno a la contradicción de que el sistema penal termine siendo el que «garantice» derechos básicos, como la educación o el acceso a un psicólogo, que deberían estar asegurados de antemano por el sistema de protección de derechos.
«¿Cómo puede ser que lo penal venga a garantizar un derecho que debiera haber sido garantizado desde el sistema de protección?»
Mendoza y las condenas internacionales por torturas
Sosino también recordó que Mendoza cuenta con condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto por la aplicación de prisión perpetua a menores de 18 años (una práctica prohibida internacionalmente) como por casos de torturas en contextos de encierro. Además, señaló que en 2020 se modificó la conformación del Comité de Prevención de la Tortura de la provincia, que pasó de estar integrado por organizaciones sociales y de derechos humanos a estar compuesto exclusivamente por funcionarios del propio Poder Ejecutivo, lo que —según planteó— dificulta un control externo genuino sobre los espacios de detención.
Una discusión sin participación de los propios adolescentes
Sosino remarcó que el proyecto que se debate en la Legislatura mendocina no contempló la participación de trabajadores del área de niñez, organizaciones sociales ni, mucho menos, de los propios niños, niñas y adolescentes, pese a que la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación provincial establecen ese derecho a ser escuchados en las políticas públicas que los afectan directamente.
La mirada de la columnista
Lo que más me preocupa de este debate es la ausencia casi total de autocrítica sobre lo que el propio Estado no garantiza. No podemos pretender resolver con más años de cárcel un problema que nosotros mismos generamos por omisión, al no asegurar educación, salud mental y contención social desde la primera infancia. La pregunta que como sociedad deberíamos hacernos no es cuántos años de condena le damos a un chico de 14 años, sino qué le ofrecimos antes de que llegara a ese punto. Mientras sigamos discutiendo el castigo sin discutir la prevención, vamos a seguir llegando tarde.
Aviso: este es un programa de opinión y análisis. Los planteos, testimonios y cuestionamientos que compartimos corresponden a nuestra mirada y a la de quienes participan del programa, y no constituyen afirmaciones de hecho verificadas de forma independiente.
#BajaDeImputabilidad #Mendoza #NiñezYAdolescencia