En el programa del lunes 26 de octubre, las abogadas de familia Gisela Henberg y Roxana Mongelardi explicaron por qué las familias más vulnerables quedan sin defensa frente al sistema de protección de niñas, niños y adolescentes de Mendoza, y presentaron el proyecto de ley que impulsan para cambiarlo. Las entrevistaron la columnista Andrea Blandini y Gabriel, conductor del programa.
Si no tenés plata, no tenés defensa
Gisela Henberg explicó que los derechos que se vulneran no son solo los de los chicos, sino también los de los adultos de la familia. Y advirtió que las personas involucradas en estos casos suelen estar en una situación de vulnerabilidad económica absoluta.
«Una familia que no tiene los recursos económicos queda totalmente desamparada.» (Gisela Henberg)
Quien puede pagar un abogado, lo contrata. Pero, según planteó, cuando una familia no tiene recursos, los chicos terminan en un hogar sin defensa, sin vínculo con su familia y sin una solución concreta. Existen figuras que podrían colaborar, como el registro de abogados del niño, los abogados ad hoc y los codefensores oficiales, pero todas están precarizadas y sin el presupuesto adecuado.
Un órgano que toma medidas, pero no garantiza recursos
Roxana Mongelardi, abogada especialista en derecho de familia, trabaja además en el área de niñez del municipio de Luján, por lo que conoce cómo funciona esta política en el territorio.
Explicó que el ETI toma la medida y luego deriva la situación al municipio para que acompañe, pero los recursos municipales son muy limitados. La ley exige un plan de acción para restituir los derechos vulnerados, que en la práctica no se cumple por falta de presupuesto. Además, los profesionales del ETI están precarizados y cambian de manera permanente.
En el contexto de crisis económica actual, agregó, los chicos ni siquiera logran acceder a turnos en el Hospital Notti o en los centros de salud. Sin acceso a la salud, restituir derechos es imposible.
$137.000 por un juicio que puede durar años
Henberg es abogada ad hoc de familia en Las Heras y Lavalle: defiende a quienes no pueden pagar un abogado. Contó que el acceso gratuito a la justicia, que el Poder Judicial promociona, se sostiene con profesionales precarizados. Cobran $137.000 por juicio terminado, en procesos que pueden durar seis meses, un año o dos. Además, no pueden intervenir en la etapa administrativa del ETI: solo actúan cuando el caso llega a la Justicia.
Lo mismo ocurre, señaló, con los psicólogos, los médicos y los trabajadores del propio ETI. Es una cadena que no termina nunca.
Cómo nació el reclamo
Blandini preguntó qué llevó a las abogadas a organizarse, en un contexto en el que hay mucha publicidad oficial sobre la protección de la niñez. Mongelardi contó que, con la implementación del expediente digital del Poder Judicial y durante la pandemia, se formó el grupo Profesionales del Derecho Autoconvocados, para compartir las dificultades de acceso a los expedientes y a la información.
Ahí detectaron que en el ETI y en la Dirección de Cuidados Alternativos, ambos dependientes de la Dirección General de Protección de Derechos, no había forma de acceder a los expedientes ni de defender a las familias.
Del primer foro al proyecto 83.713
Henberg contó que, después de dos años de intentos, en 2024 lograron hacer un primer foro en la Legislatura, con el acompañamiento de una diputada, para recibir propuestas de mejora. Esta semana realizaron un segundo foro, con la participación de familias, asociaciones civiles y docentes, y presentaron el proyecto de ley 83.713.
El proyecto busca garantizar lo mínimo: el debido proceso y el derecho de defensa, tanto para los chicos como para sus familias. Las consecuencias de estas intervenciones, remarcó, pueden ser gravísimas. Contó el caso de unos hermanos que estuvieron dos o tres años sin ver a su mamá. Ya con 10 u 11 años, lograron escaparse del lugar donde estaban para llamarla por teléfono y pedirle que los fuera a buscar.
La mirada de la columnista
Me quedo con una idea muy simple: el acceso a la justicia no puede depender de cuánto dinero tiene una familia. Si quien puede pagar un abogado se defiende y quien no puede pierde a sus hijos, algo está muy mal. Valoro el compromiso de estas profesionales, que se organizaron por su cuenta para cambiar una realidad que conocen de cerca. Ahora les toca a quienes tienen responsabilidad política escuchar, debatir el proyecto y asignar los recursos que hacen falta.
Aviso: este es un programa de opinión y análisis. Los planteos, testimonios y cuestionamientos que compartimos corresponden a nuestra mirada y a la de quienes participan del programa, y no constituyen afirmaciones de hecho verificadas de forma independiente.
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