Por un lado, la situación de los jubilados es cada vez más crítica. Con una jubilación mínima de $329.000, que apenas cubre los gastos básicos, y un acceso limitado a servicios médicos esenciales, los jubilados enfrentan un sistema previsional en colapso. A esto se suma la creciente reprimenda contra quienes reclaman sus derechos, lo que agrava aún más su situación. Además, el endeudamiento con el FMI se presenta como una de las principales causas de este colapso, ya que el Congreso aprobó un nuevo acuerdo sin conocer su impacto real.
Por otro lado, el futuro de los docentes también está en peligro debido a la implementación del decreto 328/25. Este nuevo reglamento podría hacer que los educadores pierdan el incentivo docente con solo faltar dos días en un semestre, incluso con un certificado médico. Esta medida, considerada aún más perjudicial que el polémico ítem aula, castiga la enfermedad y sigue precarizando la educación pública. A su vez, se cuestiona la realidad salarial de los maestros en Mendoza, preguntándose si realmente pueden vivir dignamente con lo que ganan.
En ambas situaciones, la falta de respuesta del Estado y la represión hacia quienes luchan por sus derechos subrayan una creciente crisis social y económica que afecta a los sectores más vulnerables del país.
PARTE 1
PARTE 2
