Mendoza se presenta al mundo como una provincia ligada al agua, al vino y al turismo, pero detrás de esa postal existen pasivos ambientales que condicionan nuestro presente y comprometen nuestro futuro. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en este artículo analizamos cinco casos emblemáticos y por qué refuerzan la necesidad de defender la Ley 7722 como herramienta clave de protección ambiental.
Sierra Pintada: más de cuatro décadas de riesgo
Uno de los pasivos ambientales más conocidos de Mendoza es el complejo de Sierra Pintada, en San Rafael. Allí se contabilizan alrededor de 5.000 tambores de 200 litros con residuos de uranio enterrados, además de un dique de cola a cielo abierto que forma parte de una historia de más de 40 años sin una solución definitiva.
Este escenario no solo representa un problema técnico de gestión de residuos radiactivos, sino un síntoma de cómo las actividades extractivas pueden dejar huellas profundas cuando no existe un control adecuado ni una política sostenida de remediación. La prolongación en el tiempo de este caso alimenta la desconfianza social frente a nuevas promesas de “explotar primero, remediar después”.
Los Corralitos: cloacas colapsadas y vidas cotidianas afectadas
Otro caso grave es el colapso de la cloaca en la zona de Los Corralitos, un área densamente poblada. En este lugar, los vecinos conviven con gases como el metano y con un derrame tan grande que los efluentes llegan literalmente hasta la puerta de sus casas.
Las personas describen que hablan con sensación de vómito por el olor y la presencia constante de gases, mientras sus zapatos se impregnan de una sustancia viscosa y barrosa procedente de la cloaca. Esta situación no solo impacta en la salud física, sino también en la dignidad y en la calidad de vida, y se extiende más allá del punto del colapso, alcanzando departamentos como Las Heras y Lavalle.
Lulunta: contaminación petrolera y remediaciones incompletas
En Lulunta se registra otro pasivo relevante asociado a la actividad petrolera. Un manejo inadecuado del petróleo por parte de YPF afectó las napas y el río Mendoza, generando un proceso de contaminación que derivó en sanciones y en la exigencia de tres etapas de remediación.
Sin embargo, la última etapa se ha extendido en el tiempo y el territorio sigue contaminado, lo que ilustra otra vez una dinámica repetida: el daño se produce rápidamente, mientras que la remediación es parcial, lenta y muchas veces insuficiente. Este desequilibrio entre el tiempo de explotación y el tiempo de reparación vuelve a poner en tensión el modelo de desarrollo basado en actividades de alto impacto ambiental.
Canal Pescara: metales y ausencia de vida
El canal Pescara representa un caso de contaminación industrial acumulada. En sus aguas se han detectado metales como cobre y boro, en un contexto donde numerosas fábricas descargan sus desechos en el cauce.
La situación es tan grave que prácticamente no crece vida en el canal, lo que evidencia un ecosistema profundamente alterado. Este pasivo muestra el costo de décadas de vertidos sin control suficiente y la dificultad de revertir un daño que se fue consolidando día tras día.
Mercurio y agua potable: el derrame de una fábrica de lavandina
Finalmente aparece el derrame de una fábrica de lavandina que involucró mercurio, un metal pesado particularmente tóxico. El impacto llegó hasta las plantas potabilizadoras de Benegas y Alto Godoy, donde se detectó la presencia de este contaminante.
Cuando un pasivo ambiental alcanza la infraestructura de potabilización de agua, deja al descubierto lo frágiles que pueden ser las barreras entre la contaminación industrial y el consumo humano. Este tipo de episodios refuerza la preocupación ciudadana por la seguridad del agua que llega a los hogares mendocinos.
No es desconfianza “caprichosa”: es experiencia acumulada
Al observar estos cinco pasivos ambientales, resulta evidente que la desconfianza hacia las promesas de control ambiental por parte de las megamineras no surge de un capricho ideológico, sino de la experiencia concreta. A lo largo de décadas, distintos gobiernos no han sido capaces de exigir y garantizar una remediación efectiva de los daños provocados por actividades extractivas e industriales.
En este contexto, el escepticismo frente a nuevos proyectos que prometen “cuidado ambiental” se apoya en un historial de incumplimientos, multas que no resuelven el problema de fondo y comunidades que siguen conviviendo con el riesgo y la contaminación. La ciudadanía mendocina ha desarrollado una memoria ambiental que pesa a la hora de evaluar cualquier propuesta de explotación intensiva.
Ley 7722: una defensa del agua y de la vida
La Ley 7722 se ha convertido en un símbolo de la defensa del agua y del territorio en Mendoza. Frente a un escenario de pasivos ambientales sin resolver, esta norma se entiende como una barrera de protección frente a nuevos proyectos que podrían agravar la situación.
Defender la 7722 es, para muchos mendocinos y mendocinas, defender la vida, la salud y el derecho a un ambiente sano. La ley no aparece como un obstáculo irracional al desarrollo, sino como una respuesta racional a un historial de daños no remediados y a la necesidad de poner límites claros a actividades de alto riesgo ambiental.
El rol de la comunicación y del video
En este escenario, la comunicación tiene un papel central: ayuda a visibilizar lo que muchas veces queda oculto detrás de números, expedientes y decisiones técnicas. El video disponible en YouTube, que podés ver en este enlace: https://youtu.be/aH-7t4lDpMI, busca precisamente acercar estos temas a más personas, con un lenguaje directo y ejemplos concretos.
Compartir testimonios, datos y recorridos por los territorios afectados contribuye a construir una ciudadanía informada, capaz de participar activamente en la defensa de sus derechos ambientales. Cuanto más se conozcan estos pasivos, más difícil será minimizar su impacto o relegarlos a un segundo plano en la agenda pública.
Cierre: saber en qué situación estamos para poder decidir
Conocer la existencia y las características de estos pasivos ambientales es un paso imprescindible para decidir qué modelo de desarrollo queremos para Mendoza. Sin información clara, las discusiones sobre minería, industria y ambiente quedan atrapadas en consignas vacías o promesas abstractas.
Por eso, iniciativas como el video mencionado y notas como esta buscan aportar una mirada situada y concreta sobre la realidad provincial. Entender en qué situación estamos es el primer paso para exigir políticas responsables, fortalecer la defensa de la Ley 7722 y construir un futuro en el que el cuidado del agua y de la vida sea una prioridad irrenunciable.
