En el programa del lunes 26 de octubre, la columnista Andrea Blandini, Gabriel, conductor del programa, y las abogadas de familia Gisela Henberg y Roxana Mongelardi analizaron un problema de fondo del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes de Mendoza: la ley provincial que lo regula fue sancionada en 2018 y nunca se reglamentó.
De la ley nacional a la ley provincial
Roxana Mongelardi, abogada especialista en derecho de familia, explicó que la ley nacional 26.061, sancionada en 2005, creó el sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. Su objetivo fue sacar de la órbita judicial las cuestiones tutelares y llevarlas a la órbita administrativa, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño.
Recordó que Mendoza había sido pionera con la ley 6354, que regía el proceso de familia e incluía un apartado sobre el sistema de protección, incluso antes de la ley nacional. Pero la provincia no tuvo una ley integral propia hasta 2018, cuando se sancionó la ley 9139.
«La ley es del año 2018 y no está reglamentada.» (Roxana Mongelardi)
Según explicó, la falta de reglamentación provoca que la ley se aplique de forma dispar en cada departamento. Cada ETI tiene un coordinador que responde a la provincia, pero en la práctica aplica la ley según su propio criterio. En el programa se recordó que reglamentar una ley es responsabilidad del Poder Ejecutivo.
Sin presupuesto no hay política pública
Gabriel recordó un caso de octubre del año pasado: un hombre de 30 años subió a una torre en Santa Rosa en medio de una crisis, porque no le permitían ver a sus hijos tras una intervención del ETI. Después de ese episodio, según se relató, no fue atendido por el ETI ni por el sistema de salud mental, sino que quedó a cargo de las autoridades policiales. También se recordaron otros episodios ocurridos en escuelas de la provincia, cuyos protagonistas fueron intervenidos por el sistema.
Blandini remarcó que la ley no solo no está reglamentada, sino que tampoco tiene presupuesto. Sin presupuesto, sostuvo, no hay política pública: solo una expresión de deseo. Y se preguntó cómo puede el Estado cumplir con lo que dice la ley, por ejemplo garantizar un abogado a las familias que no pueden pagarlo, si no tiene recursos asignados.
Una gravedad institucional
Durante el programa, un oyente preguntó cuánto prevé el presupuesto 2027 para el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes. Blandini explicó que, si la ley no está reglamentada, no hay obligación formal de asignarle presupuesto. Calificó la situación como una gravedad institucional y planteó que las legisladoras deberían trabajar con urgencia para que se reglamente, antes incluso de avanzar con proyectos nuevos.
Gabriel señaló que algo similar ocurre con la Ley Nacional de Salud Mental, cuyo artículo sobre el presupuesto es uno de los que quedaron sin reglamentar. Y propuso, con ironía, abrir una sección en el programa dedicada a las leyes que no se cumplen.
Primero, que la ley pueda aplicarse
Otro oyente escribió que la ley está vigente y que el proyecto que impulsan las abogadas suma el debido proceso y el derecho de defensa. Blandini, desde su experiencia legislativa, respondió que una ley que el Ejecutivo no reglamentó no puede aplicarse plenamente, y que el nuevo proyecto viene justamente a complementarla. Por eso convocó a las legisladoras que acompañan el proceso a mirar la situación de fondo.
¿Quién da explicaciones?
Las abogadas contaron que invitaron al foro legislativo a la titular del ETI, como al resto de los organismos, pero no asistió. En el programa se planteó que, sin una ley reglamentada, incluso la autoridad de quien conduce el organismo queda en discusión.
También se señaló que el director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, deberían dar explicaciones sobre esta situación, porque se trata de decisiones que afectan directamente a niñas, niños y adolescentes.
La mirada de la columnista
Una ley sin reglamentación y sin presupuesto es una promesa que no se cumple. Y cuando esa promesa es la protección de nuestros chicos, el problema es muy serio. No alcanza con anunciar programas ni con hacer campañas: hay que reglamentar, asignar recursos y garantizar que cada departamento aplique las mismas reglas. Les pido a quienes tienen la responsabilidad de hacerlo que lo hagan cuanto antes. Estamos hablando de criaturas.
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Aviso: este es un programa de opinión y análisis. Los planteos, testimonios y cuestionamientos que compartimos corresponden a nuestra mirada y a la de quienes participan del programa, y no constituyen afirmaciones de hecho verificadas de forma independiente.
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