En esta edición de Argentina Hoy, del 23 de septiembre, la columnista Andrea Blandini y la conductora Fabiana Yunes repasaron un combo de temas que atraviesan el funcionamiento cotidiano del Estado provincial: desde una anécdota personal sobre la inseguridad a metros de la Legislatura, hasta la reforma que impulsa el gobernador Alfredo Cornejo sobre las sanciones a empleados públicos, y el debate en torno a la baja de la edad de imputabilidad penal.
Un cartel que resume un problema: «Cerramos por la inseguridad»
La columnista relató una experiencia personal ocurrida esa misma mañana: al pasar por la esquina de Espejo y Patricias Mendocinas, a apenas 20 metros de la entrada del anexo de Diputados, se encontró con un local de accesorios para celulares cerrado, con un cartel que anunciaba su traslado por motivos de inseguridad.
«A 20 metros de la puerta del anexo de diputados… ‘cerramos por la inseguridad, nos trasladamos a la calle España’. Y en una movilización como la de la marcha de la bronca había más de 300 policías.»
El contraste que se planteó fue directo: mientras se despliega un operativo de cientos de efectivos policiales para contener manifestaciones sociales, un comerciante ubicado a metros de la sede legislativa debe cerrar su local por la inseguridad cotidiana, sin que eso genere una respuesta visible desde el propio Estado.
La reforma de Cornejo a las sanciones de empleados públicos
El programa dedicó un extenso bloque a analizar el proyecto que el gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura para modificar el régimen sancionatorio de los empleados públicos (reforma al anexo de la Ley 9103). Según se explicó, la iniciativa busca digitalizar y agilizar el proceso de sanciones, reduciendo las instancias de mediación y defensa que existían previamente entre el apercibimiento oral, el escrito, la suspensión y la cesantía.
Uno de los puntos más cuestionados fue que la nueva normativa endurece las causales de cesantía, incluyendo las tardanzas o inasistencias injustificadas de más de seis días a lo largo de toda la carrera administrativa. La columnista compartió una experiencia personal para graficar el impacto de esta reforma:
«Yo tuve el segundo mío nació muy enfermo de los oídos y yo tenía que faltar… Con este nuevo régimen que ha mandado, la directora me podría echar.»
El planteo central fue que este tipo de reformas, lejos de mejorar la eficiencia estatal, deteriora las relaciones humanas dentro de las instituciones públicas, quitando margen de comprensión ante situaciones de fuerza mayor como la enfermedad de un hijo.
«Esto lo único que trae es más guerras y guerritas adentro del sistema, menos derecho de defensa.»
La baja de imputabilidad y el debate sobre el COSE
El programa retomó también el debate en torno a la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años a nivel nacional. Se recordó que esta reforma cuenta con el rechazo explícito de organismos como la Sociedad Argentina de Pediatría, UNICEF, el Colegio de Psicólogos, la Iglesia Católica y Evangélica, la red de jueces penales bonaerenses y los defensores públicos de todo el país, principalmente por la falta de infraestructura adecuada para alojar a menores bajo este nuevo régimen penal.
La columnista relató su experiencia personal como legisladora al visitar el COSE, el centro de alojamiento para adolescentes en conflicto con la ley en Mendoza:
«El COSE es de las cosas más feas que yo he visto, olor a criolina… No es un lugar de rehabilitación, es una cárcel.»
Se contrastó esta situación con la decisión tomada en la provincia de Buenos Aires, donde una jueza dispuso suspender por 60 días la aplicación de la ley debido a la falta de infraestructura adecuada, mientras que en Mendoza la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, sostuvo públicamente que la provincia sí está en condiciones de aplicarla.
El presupuesto educativo y las pruebas PISA
Hacia el final del programa se abordó también la controversia en torno a los resultados educativos: mientras el operativo Aprender había posicionado a Mendoza entre las provincias con mejor desempeño en lengua y matemática, los resultados de la prueba internacional PISA ubicaron a la Argentina entre los peores cinco países evaluados en esas mismas áreas. Se cuestionó, además, la reducción de la inversión educativa contemplada en el presupuesto nacional presentado por el gobierno de Javier Milei.
La mirada de la columnista
Lo que más me preocupa de esta seguidilla de temas es la desconexión entre el discurso oficial y la experiencia concreta de quienes atravesamos el sistema desde adentro, ya sea como docentes, como madres o como funcionarias. No se puede pretender que un edificio como el COSE sirva para rehabilitar a un adolescente, ni que endurecer sanciones sin contemplar la realidad humana de cada trabajador mejore la eficiencia del Estado. Y mientras discutimos estas reformas, ni siquiera podemos garantizar la seguridad de un comercio a metros de nuestra propia Legislatura. Antes de legislar sobre el castigo, deberíamos preguntarnos con total honestidad qué estamos garantizando realmente como Estado.
Aviso: este es un programa de opinión y análisis. Los planteos, testimonios y cuestionamientos que compartimos corresponden a nuestra mirada y a la de quienes participan del programa, y no constituyen afirmaciones de hecho verificadas de forma independiente.
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