El 18 de febrero de 2026 quedó marcado por el anuncio de un paro general convocado por la CGT Nacional, en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno intenta aprobar en la Cámara de Diputados. La medida comienza a las 0 horas y se inscribe en un contexto de fuerte tensión social y económica.
En paralelo, el cierre de FATE y los 920 despidos profundizaron el clima de incertidumbre. La empresa había intentado tramitar un procedimiento preventivo de crisis, sin resolución favorable. Ante esta situación, trabajadores comenzaron a organizar medidas de ocupación en defensa de sus puestos laborales.
Durante la conferencia de prensa de la CGT se advirtió que la reforma implicaría una modificación en el esquema de aportes destinados a obras sociales y estructuras sindicales. Según lo expresado, esos recursos dejarían de ingresar al sistema gremial, con el argumento oficial de reducir costos laborales.
La discusión también incluyó el debate sobre la baja natalidad y el financiamiento del sistema previsional. Desde una mirada crítica, se planteó que el problema central no es demográfico sino productivo: la caída del empleo formal y el crecimiento del trabajo informal impactan directamente en los aportes a las cajas jubilatorias.
Otro punto destacado fue la situación de la industria nacional. Diversos sectores advierten sobre un proceso de contracción manufacturera y pérdida de empleo registrado. En este escenario, la reforma laboral es interpretada por sectores sindicales como una regresión en derechos y una modificación estructural del modelo de contratación tradicional.
La medida de fuerza convocada por la CGT aparece, para sus impulsores, como un llamado de atención frente a un debate que involucra no solo normas laborales, sino el rumbo productivo del país.
El conflicto abre interrogantes sobre el equilibrio entre competitividad, derechos laborales e inversión, en un contexto económico complejo y con fuerte impacto social.
