La situación social en Mendoza se vuelve cada vez más compleja. La pérdida de derechos, el deterioro de la salud pública, el aumento de la vulnerabilidad de niños y adultos mayores y la falta de respuestas del Estado configuran un escenario que no puede seguir siendo minimizado. En los barrios, la crisis ya no es una hipótesis: es una realidad cotidiana.
En este contexto, el debate sobre la minería expone algo más profundo que una diferencia de votos. Pone en evidencia quién impulsa los proyectos, bajo qué condiciones y con qué consecuencias ambientales y sociales. Las iniciativas aprobadas con declaraciones de impacto ambiental deficientes no son errores técnicos: son decisiones políticas.
La discusión sobre el voto dividido del peronismo no puede ocultar lo central. La responsabilidad de lo que hoy ocurre en Mendoza recae en el gobernador y en el bloque que gobierna la provincia. Trasladar esa responsabilidad a la oposición es una estrategia conocida, utilizada en otros momentos de la historia reciente.
El peronismo deberá dar sus debates internos, como corresponde a un movimiento vivo. Pero eso no borra el hecho principal: las consecuencias sobre el agua, el ambiente y la vida de la población mendocina tienen responsables claros.
Cuando los derechos se vulneran y el Estado se retira, la historia demuestra que el pueblo vuelve a ocupar el centro de la escena. No como espectador, sino como protagonista de las transformaciones necesarias.
