El agua en Mendoza no es un tema más. Hace más de quince años que vivimos una sequía sostenida y sabemos, por experiencia propia, que el agua es un bien escaso y vital. Por eso, cuando se plantea el debate sobre la minería, es importante decirlo con claridad: no es que la sociedad mendocina “no quiera nada”, lo que quiere es agua pura. Son dos paradigmas distintos.
La pandemia de 2020 generó una toma de conciencia profunda, incluso en quienes no venían participando activamente en la defensa del agua o de la Ley 7722. El ciudadano común empezó a entender la crisis ambiental y los riesgos de seguir forzando el ambiente con actividades extractivistas y contaminantes. Sin embargo, hoy vemos a una dirigencia política que va por detrás de esa conciencia social.
Una escena simple lo resume todo. Una adolescente de 14 años escucha el debate y pregunta cuál es el problema. La respuesta es sencilla: si te garantizan que no hay riesgo de contaminación, se puede discutir cualquier proyecto. Pero si no hay garantías y te dicen que, en caso de contaminarse, el daño duraría 200 años, el sentido común indica esperar. Ese mismo sentido común fue el gran ausente en la Legislatura de Mendoza.
Lo que aparece, en cambio, es la urgencia de quienes ocupan cargos y saben que su tiempo en el poder es finito. En ese período buscan acumular todo lo posible, aun a costa de dejar una provincia devastada a sus propios hijos. Hubo, sin embargo, excepciones: un senador dijo que votaba pensando en sus hijos y en los hijos de Mendoza, y votó en contra. Ese gesto merece ser destacado.
La contaminación no distingue clases sociales. Barrios privados, zonas productivas y sectores populares se verían afectados por igual. Por eso no es un debate de ricos o pobres. Es una discusión sobre el modelo de provincia que queremos. Mendoza es y ha sido una provincia agroindustrial. No tenemos cultura minera y sí una identidad profundamente ligada al agua, a la tierra y a la vitivinicultura.
Hoy incluso sectores históricamente fuertes, como el vitivinícola, están en alerta. Se cierran bodegas, se paraliza la producción y se asfixia a la economía regional por apostar todo a una sola carta: la minería. Esa decisión política está estrangulando a la provincia y dejándola sin oxígeno.
Cuando desde el poder se descalifica a quienes se movilizan llamándolos “ambientalistas” o “fundamentalistas”, se intenta reducir una preocupación legítima a una caricatura. Veinte mil personas en la calle no son un grupo minoritario ni extremista. Son mendocinos y mendocinas defendiendo su futuro.
Cornejo construyó durante años un discurso de negación de la minería, incluso rodeándose de referentes ambientales, para luego avanzar cuando las promesas hechas a las empresas comenzaron a pesar más que la palabra dada a la sociedad. Hoy no hace más que dar la cara de una decisión que viene gestándose desde hace tiempo.
El problema de fondo es más grave aún cuando se escuchan declaraciones como las del presidente de la Nación, relativizando la contaminación del agua. Ese pensamiento es incompatible con la realidad de Mendoza.
Defender el agua no es ideología. Es sentido común. Y es, sobre todo, una decisión de futuro.
