Hoy sentí la necesidad de explicar algo que muchos mendocinos no saben y que se intentó tratar casi en silencio: no era solo el proyecto San Jorge, sino cuatro proyectos vinculados a la megaminería que el Ejecutivo quiso aprobar en bloque. Se presentaron todos juntos, como si fueran un paquete menor, pero en realidad abren la puerta a una actividad que nuestra provincia ha rechazado una y otra vez por el riesgo que representa para el agua.
Los cuatro proyectos que llevaron a la Legislatura fueron:
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el Fondo de Compensación Ambiental,
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las regalías mineras,
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la DIA de San Jorge,
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y la DIA del Distrito Minero Occidental 2 en Malargüe.
El objetivo era claro: construir una estructura jurídica que permitiera avanzar con la megaminería aun donde antes había sido rechazada.
Lo más grave es el Fondo de Compensación Ambiental. En vez de obligar a las mineras a hacerse cargo del daño que generen, lo ponen en manos de todos los mendocinos: el fondo se alimenta de multas, donaciones y créditos que la provincia pueda tomar. O sea, si hay un derrame o una contaminación grave, la empresa paga una multa —que nunca alcanza para remediar nada— y luego el Estado se hace cargo del desastre. En términos simples: socializan el costo del riesgo ambiental para garantizarles seguridad jurídica a las empresas mineras.
También planteamos que si este fondo era tan necesario, ¿por qué no lo hicieron cuando explotó ISAM o cuando se detectaron agentes contaminantes en otras industrias? ¿Por qué justo ahora? La respuesta es simple: el riesgo de la megaminería es mucho mayor, y lo saben.
Otro punto clave fue recordar que Mendoza sí tiene minería, pero no megaminería. Hay minería de tercer grado, con canteras y áridos que ya generan ingresos. La discusión real no es “minería sí o no”. Es qué tipo de minería puede soportar nuestra provincia sin poner en peligro su recurso más escaso: el agua. No somos Chile. No podemos desalinizar agua. Cada gota que se usa para megaminería se le quita a la producción, a las familias, al futuro.
En la sesión también se evidenció algo importante: el nuevo Código de Procedimiento Minero tan criticado en su momento permitió rechazar dos proyectos de Malargüe antes de que llegaran a la Legislatura porque no cumplían con la participación ciudadana ni con el marco ambiental. Eso demuestra que el camino es fortalecer el control, no flexibilizarlo.
No podemos caer en la falsa dicotomía de “si no querés megaminería es porque no querés empleo”. Queremos empleo, desarrollo y futuro, pero no a costa del agua. Queremos minería donde haya licencia social, donde los riesgos sean manejables y donde las empresas cumplan con todo lo que deben cumplir. Lo que no queremos es que Mendoza repita la historia de los hidrocarburos: una actividad extractiva que se agota dejando más vacíos que oportunidades.
Hoy vuelvo a decirlo: no estamos en contra del progreso, estamos en contra de sacrificar el agua. Y que hayan intentado aprobar cuatro proyectos juntos, casi sin explicaciones, confirma por qué necesitamos seguir atentos, informados y defendiendo lo que es nuestro.
