Mientras la provincia transitaba una elección intensa de diputados y senadores, ocurría algo que casi nadie vio: Cornejo convocaba al Consejo de Educación para avanzar con una reforma profunda de la educación secundaria, sin informar nada públicamente y sin que los dirigentes que participaban lo mencionaran ni una sola vez.
Mientras la ciudadanía analizaba campañas, encuestas y candidatos “los pollitos de Cornejo”, como se los llamó irónicamente, en agosto y septiembre se reunían en la Legislatura representantes de distintos partidos discutiendo modificaciones estructurales para el sistema educativo.
Lo inquietante es que ningún político que pasó por los medios dijo que venía de tratar la posible reforma, ni explicó que estaban discutiendo la municipalización o incluso la privatización parcial de la secundaria.
La sensación es clara: hubo un pacto de silencio, un acuerdo tácito para que estas reuniones no trascendieran antes de tiempo. Y después le pedimos a la gente que entienda o que vote informada, cuando las decisiones se toman en otro lado y a puerta cerrada.
El paralelismo histórico aparece inevitablemente. Así como en la década pasada se estableció la obligatoriedad de la secundaria, ahora parece avanzar un modelo que va en sentido contrario: si la municipalizan y agregan aunque sea una cuota mínima, el carácter universal del nivel se pone en riesgo.
El mensaje es claro: una secundaria municipalizada ya no garantiza igualdad de acceso.
Lo más alarmante es que no hay documentos oficiales publicados, ni versiones completas, solo “resúmenes” y “borradores” que circulan entre los propios actores del sistema. Esta oscuridad en la información no es un detalle: es la marca de origen del proyecto.
Cuando la política dice una cosa en campaña y hace otra en reuniones paralelas, la ciudadanía queda sin herramientas reales para defender sus derechos. La educación, que debería ser un pilar protegido, aparece una vez más como moneda de cambio.
Estamos ante una reforma que no se debate de cara a la sociedad y que podría marcar el futuro de generaciones enteras.
Es tiempo de poner la luz donde hubo sombras y de exigir que la democracia educativa se ejerza con transparencia.
