En este bloque de De ida y vuelta recibimos a Sergio Jiménez, secretario general de La Bancaria Mendoza, y a Roly Firmani, secretario general de ATIRA, ambos integrantes de la CGT Regional Mendoza. Con ellos analizamos uno de los temas más sensibles para el mundo del trabajo: el intento de reforma laboral que impulsa el gobierno.
Desde el comienzo, los dirigentes plantearon un punto clave: hablar de “reforma” es engañoso, porque una reforma debería ser progresiva y ampliar derechos. Nada de eso ocurre aquí. Lo que se presenta —subrayaron— no es una reforma, sino una regresión laboral.
Recordaron que el documento difundido no es un proyecto formal del Poder Ejecutivo, sino un “paper” presentado en el simposio de IDEA en Mar del Plata, frente al empresariado más concentrado del país. Aun así, ese texto ya adelanta medidas profundamente perjudiciales: banco de horas, reducción del descanso entre jornadas, eliminación de horas extras y mayor discrecionalidad patronal. Todo esto afecta directamente el espíritu central de la Ley de Contrato de Trabajo: el derecho protectorio, es decir, la obligación del Estado de proteger al trabajador en una relación desigual.
Los gremialistas remarcaron que, mientras se discute sobre flexibilización, no se habla de cómo incluir a los millones de trabajadores no registrados. Hoy existen más de 13 millones de personas en la informalidad y solo 9 millones registradas. “La cuenta da menos uno”, dijeron, subrayando que precarizar a quienes sí tienen derechos no resuelve la exclusión laboral: la agrava.
También repasaron antecedentes históricos que demuestran que cada intento de flexibilización terminó aumentando la desocupación. Con Menem llegó al 18%, con De la Rúa al 22%, y con Macri se duplicó el desempleo heredado. En cambio, entre 2004 y 2012 con la legislación laboral vigente se crearon más de 3,7 millones de empleos formales. Los números son contundentes.
Para Jiménez y Firmani, está claro: esta reforma no busca modernizar el trabajo, sino trasladar recursos desde los trabajadores hacia los sectores más concentrados de la economía. Tampoco mejora productividad ni promueve empleo genuino. Por el contrario, rompe garantías históricas y debilita la protección laboral.
El debate continúa, pero la advertencia es firme: lo que se presenta como reforma es, en realidad, un retroceso profundo que afectará a todos los trabajadores del país.
