En medio del debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, emerge una pregunta más profunda y urgente: ¿qué pasa con los niños antes de que el sistema decida castigarlos?
La escena es concreta: un niño de tres años que comienza la escuela sin acceso a una alimentación adecuada. En su casa falta comida, le duele la panza de hambre. Sin embargo, la discusión pública parece centrarse en qué hacer con él dentro de diez años, en lugar de qué hacer hoy.
Este contraste expone una herida social abierta. Porque el problema no empieza en la adolescencia ni en el delito, sino mucho antes, en las condiciones de vida, en la alimentación, en las oportunidades.
Se trata de una realidad que interpela a toda la sociedad. ¿Quién se hace cargo de esa infancia? ¿Qué políticas están fallando cuando un niño no accede a lo básico?
En este contexto, también se plantean preocupaciones sobre el deterioro general de las condiciones sociales. Se advierte que el rumbo actual podría dejar un país más fragmentado, con mayores dificultades para reconstruir el tejido social.
A esto se suman situaciones de violencia simbólica y directa, como amenazas e intentos de silenciar voces críticas, lo que agrava aún más el clima social.
Uno de los puntos más sensibles es la alimentación escolar. Según lo expresado, en algunas instituciones ya no se estaría garantizando la provisión de leche, un elemento básico en la nutrición infantil.
La paradoja es evidente: en un país productor de alimentos, hay niños que no acceden a ellos.
Esto no solo representa una urgencia social, sino también un interrogante sobre las prioridades del Estado y el rumbo de las políticas públicas.
En definitiva, el debate de fondo no es solo jurídico. Es humano. Antes de discutir el castigo, la pregunta es otra: qué sociedad estamos construyendo cuando no logramos garantizar lo básico.
