En el programa Ida y Vuelta, la educación fue uno de los ejes centrales de análisis, con un diagnóstico crítico sobre la situación actual del sistema educativo en Mendoza y el país.
Durante la entrevista, se planteó un recorrido histórico que remite a la crisis educativa de fines de los años 90 y a las políticas posteriores que buscaron recomponer el financiamiento y la estructura del sistema. Sin embargo, según lo expuesto, el escenario actual muestra un retroceso marcado, caracterizado por un proceso de desfinanciamiento de la educación pública.
Uno de los principales indicadores de esta situación es el nivel salarial docente. Se señaló que los ingresos actuales resultan insuficientes para sostener la actividad, especialmente en el ámbito universitario, donde incluso cargos con alta dedicación no alcanzan a cubrir necesidades básicas. Esto estaría generando renuncias y dificultades para sostener la calidad educativa.
A su vez, se advirtió sobre un fenómeno estructural: la reducción de cargos docentes. Según lo expresado, puestos que quedan vacantes por jubilación no son reemplazados, lo que incrementa la relación entre estudiantes y docentes y limita las posibilidades de acompañamiento académico.
En paralelo, se describió la situación de los estudiantes, quienes enfrentan dificultades económicas crecientes. Se mencionaron casos de alumnos que no pueden afrontar costos básicos como el transporte o el acceso a materiales de estudio, lo que impacta directamente en su desempeño y permanencia en el sistema.
En este contexto, se remarcó el esfuerzo adicional que realizan los docentes para sostener la cursada, incluyendo la adaptación de contenidos, el uso de herramientas digitales y la generación de alternativas para garantizar el acceso al aprendizaje.
Otro punto de debate fue el proyecto de una nueva ley de educación a nivel nacional. Entre sus aspectos más controvertidos, se destacó la propuesta de otorgar mayor poder a los consejos de padres, incluyendo la posibilidad de intervenir en la designación de autoridades escolares y en la obtención de recursos.
Según lo planteado, estas medidas implicarían un traslado de responsabilidades desde el Estado hacia las familias, lo que podría generar desigualdades y afectar el funcionamiento institucional.
Además, se advirtió que este tipo de cambios podría tensionar el rol docente, especialmente en situaciones donde se requiere intervenir frente a problemáticas sensibles como la violencia o el abuso, ya que se vería afectada la autonomía profesional.
En síntesis, el análisis expuesto señala que la educación pública atraviesa un momento crítico, con desafíos que impactan tanto en docentes como en estudiantes. El debate, lejos de estar cerrado, se mantiene abierto y plantea interrogantes sobre el futuro del sistema educativo y el rol del Estado en su sostenimiento.
