Una presentación judicial puso en discusión el nuevo mecanismo de selección de candidaturas aprobado por el Congreso Partidario del Partido Justicialista. Según el escrito, el cambio carece de legitimidad democrática suficiente, ya que delega en solo ocho personas la facultad de definir candidaturas, desplazando los mecanismos participativos previamente establecidos y contradiciendo tanto la tradición democrática del partido como el marco normativo electoral vigente.
Los denunciantes sostienen que se trata de una reforma regresiva, sin justificación real. Señalan que, si bien el año electoral tiene particularidades debido a la suspensión de las PASO, esta situación no habilita a restringir derechos internos. En ese sentido, recuerdan que la Cámara Nacional Electoral, mediante la Acordada 37/2025, fue clara al indicar que los partidos deben garantizar la democracia interna y la participación de las minorías al momento de definir candidaturas.
Uno de los argumentos centrales del cuestionamiento apunta a la falta de sustento del “escaso tiempo” utilizado para justificar el cambio. Desde hace más de seis meses se conocía que departamentos como Maipú, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia, Luján y San Rafael habían desdoblado sus elecciones. Además, el propio Congreso Partidario ya había aprobado con anterioridad un método de selección para todo el año electoral. La situación actual, afirman, no responde a una emergencia imprevista, sino a la decisión política de dejar transcurrir el tiempo para forzar una salida antidemocrática.
La presentación también advierte sobre la concentración de poder y posibles conflictos de interés. La reforma otorga un rol decisivo a un órgano derivado del Consejo Provincial, con escasa presencia en la carta orgánica y funciones históricamente ejecutivas, no electorales. A esto se suma que entre sus integrantes figuran intendentes y familiares directos de jefes comunales de distritos donde se celebran elecciones, lo que pone en duda la imparcialidad del proceso.
En un colegio electoral compuesto por apenas ocho personas, donde al menos tres tienen intereses directos en los resultados, la posibilidad de una competencia real para las minorías se vuelve prácticamente inexistente. Para los denunciantes, esta situación no es un hecho aislado, sino parte de una crisis más profunda de conducción política dentro del partido.
Como ejemplo de esa crisis, se menciona la falta de debate y definición interna sobre el voto de algunos legisladores del PJ a favor de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge, impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo. La ausencia de una posición clara, debatida y comunicada hacia la militancia sobre un tema de alto impacto ambiental, social y político evidencia una debilidad en la conducción colectiva y profundiza el deterioro de la democracia interna.
Ante la inexistencia de instancias internas para revertir la decisión, los denunciantes recurrieron directamente a la Justicia para que intime al partido a adecuar su normativa interna y garantice un proceso de selección de candidaturas democrático, transparente y respetuoso de las minorías. El planteo sostiene que el derecho a participar no puede reducirse a una formalidad, sino que debe estar respaldado por mecanismos que aseguren competencia real y representación plural.
En el análisis político posterior, se señala que este conflicto no puede leerse aislado del recorrido reciente del justicialismo mendocino. Se recuerda que en 2019 distintos sectores hoy enfrentados actuaron de manera conjunta para votar la reforma de la Ley 7722, de la cual solo se apartaron dos dirigentes. Tras los resultados electorales de octubre, la interna entre el sector más ortodoxo del peronismo y el justicialismo camporista profundizó la pérdida de poder del PJ en la provincia.
Frente a ese escenario, la conducción partidaria optó por modificar el mecanismo de selección de candidaturas, replicando el esquema utilizado por otros espacios políticos, en un contexto de cierre inminente de listas y con departamentos que ya habían oficializado candidaturas sin inconvenientes.
Finalmente, se plantea una pregunta de fondo: mientras gran parte de la sociedad enfrenta dificultades económicas, laborales y habitacionales, ¿qué sentido estratégico tienen estas disputas internas? En un contexto nacional de alta tensión social e institucional, la discusión sobre la democracia interna de los partidos no es menor, pero también interpela sobre la capacidad de la dirigencia política para priorizar las urgencias reales de la ciudadanía.
