En el interior del Poder Judicial se repite una escena que, para muchos trabajadores, se volvió habitual y dolorosa. Un día cualquiera, alguien se levanta, llega a su escritorio y descubre que a una compañera «Florencia”, en el ejemplo, le otorgaron una categoría nueva, un nivel salarial más alto o una mejora en su función sin explicación clara, sin concurso y sin criterios transparentes.
Ese gesto, aparentemente menor, le cambia la vida a una persona. Pero también deja un mensaje silencioso y contundente para todos los demás:
el mérito no importa, la carrera no existe y el esfuerzo diario no garantiza nada.
Los que trabajan hace años, los que cargan la estructura, los que sostienen el funcionamiento real de los juzgados, se quedan mirando. Muchos sienten que no solo se pierden oportunidades, sino también dignidad. Los ascensos “a dedo” destruyen la confianza interna, fomentan la competencia desleal y generan un clima donde reina la incertidumbre.
Y surge la pregunta inevitable:
¿Esto en la Justicia se puede terminar?
La respuesta no es sencilla, pero sí urgente. La transparencia en los concursos, la igualdad en las oportunidades de ascenso, la evaluación objetiva y la eliminación de favoritismos son condiciones básicas para que un Poder Judicial sea respetado y eficiente.
Sin esos pilares, no hay profesionalismo posible. No hay motivación, no hay crecimiento, no hay Justicia con mayúsculas.
Terminar con la discrecionalidad no es solo un reclamo sindical ni una discusión interna.
Es una demanda ciudadana, porque un sistema judicial debilitado por arbitrariedades internas afecta a todos: trabajadores, usuarios, abogados, familias.
El desafío está planteado. Y la verdadera pregunta no es si se puede terminar:
es cuándo tendremos la decisión política y la valentía institucional para hacerlo.
