En un nuevo tramo del programa Ida y Vuelta, el debate giró en torno a tres pilares clave de la realidad mendocina: la educación, el agua y la política.
Uno de los conceptos más destacados fue el rol de la educación como herramienta fundamental para la toma de conciencia social. Desde esa mirada, se planteó que el deterioro del sistema educativo no es casual, sino parte de un proceso más amplio que impacta en la capacidad crítica de la sociedad.
En paralelo, se puso el foco en la agenda ambiental, especialmente en torno al proyecto San Jorge y la posibilidad de avanzar en un plebiscito impulsado por organizaciones sociales. El objetivo, según se explicó, es ampliar la discusión pública y permitir que la ciudadanía acceda a información clara sobre las implicancias de la actividad minera.
También surgieron preocupaciones sobre una eventual reforma de la Constitución provincial. Se señaló que el agua está protegida como bien público, por lo que cualquier modificación podría tener consecuencias significativas. En ese sentido, se advirtió sobre la existencia de mayorías legislativas que podrían habilitar cambios estructurales.
El análisis político dejó al descubierto un escenario marcado por la fragmentación. Mientras el oficialismo logra consolidar distintos sectores bajo una misma conducción, las fuerzas opositoras aparecen dispersas, lo que limita su capacidad de construir una alternativa sólida.
Esta dispersión, según lo expuesto, no responde únicamente a diferencias ideológicas, sino también a la presencia de liderazgos fragmentados y falta de acuerdos estratégicos.
En materia educativa, se abordó el caso del “ítem arraigo”, señalando que el problema no radica en la ley en sí, sino en su reglamentación, que habría modificado su sentido original y generado efectos no previstos en las condiciones laborales docentes.
A nivel nacional, se planteó además un debate sobre el modelo político y económico vigente. Se cuestionó el uso de ciertos conceptos como “libertad” o “flexibilización” que, según se indicó, en la práctica implican pérdida de derechos.
En este contexto, también se mencionó el avance de discursos que justifican la desigualdad, como la meritocracia extrema o la aporofobia, entendida como el rechazo a las personas en situación de pobreza.
Finalmente, se señaló que la salida requiere reconstruir un modelo centrado en el trabajo, la educación pública, la producción y la formación.
El debate sigue abierto, atravesado por tensiones políticas y sociales, en una provincia donde el futuro del agua, la educación y el desarrollo continúa en discusión.
