Agua, glaciares y minería en Mendoza

En la Legislatura de Mendoza, crece la preocupación por el avance de proyectos mineros vinculados a zonas glaciares y periglaciares. Desde sectores opositores advierten que la Declaración de Impacto Ambiental no estaría aprobada, cuestionan la falta de estudios sanitarios y denuncian posibles violaciones a la Constitución provincial y a la ley 7722. El debate, lejos de estar cerrado, entra en una nueva etapa.

En el programa Ida y Vuelta, se abordó uno de los temas más sensibles para Mendoza: la preservación del agua en el contexto del avance de proyectos mineros en zonas glaciares y periglaciares.

Durante la entrevista, se planteó una crítica al tratamiento mediático del tema, señalando que predominan voces hegemónicas y que las posiciones alternativas suelen ser invisibilizadas. En ese marco, se valoró la importancia de generar espacios donde puedan expresarse miradas distintas sobre la realidad provincial y nacional.

Uno de los puntos centrales fue la situación legislativa del proyecto San Jorge y su Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Según lo expresado, de los 38 senadores provinciales, solo seis votaron en contra de la iniciativa. Se advirtió además que la DIA no estaría formalmente aprobada, a pesar de lo difundido en algunos medios.

En ese sentido, se mencionaron informes técnicos y académicos que cuestionan el proceso. Entre ellos, un informe del CONICET que habría sido retirado poco después de su publicación, y estudios de la Facultad de Medicina (tanto de la Universidad Nacional de Cuyo como de instituciones privadas) que señalan la ausencia de evaluaciones sanitarias en la población de las zonas afectadas.

También se destacaron pronunciamientos de otras facultades y organismos que expresan preocupación por posibles irregularidades, incluyendo advertencias sobre eventuales violaciones a la Constitución de Mendoza, que establece el carácter público del agua.

Otro eje del análisis fue la vigencia de la ley 7722, considerada un marco clave en la regulación de la actividad minera en la provincia. Según lo expuesto, existiría una contradicción entre su vigencia formal y su aplicación efectiva en el contexto actual.

La entrevista también abordó el rol de la dirigencia política y la toma de decisiones en este escenario. Se planteó que, más allá de posicionamientos ideológicos, el debate debería centrarse en el cumplimiento de la normativa vigente y en la evaluación técnica de los impactos ambientales y sanitarios.

Asimismo, se señaló que el tema de la megaminería no está cerrado en Mendoza. A pesar de intentos por instalar la idea de su aprobación, el conflicto continúa abierto en distintos planos: político, social y judicial.

En este contexto, se identificó una nueva etapa en la discusión pública, caracterizada por una mayor conciencia social sobre los riesgos asociados y por la reaparición del debate sobre la protección de los glaciares como eje central.

La discusión sobre el agua, los recursos naturales y el modelo de desarrollo sigue en el centro de la agenda mendocina, con posiciones encontradas y un escenario aún en evolución.

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