Esta semana volvimos a ver un escenario repetido: conflictos gremiales, movilizaciones aisladas y un peronismo presente en la calle, pero sin la fuerza organizada que debería tener. Lo que me llamó la atención fue la ausencia de los sectores sindicales más representativos. En la peatonal del miércoles casi no vimos banderas del PJ ni de sindicatos de la CGT. Y esa desconexión, esa distancia entre representación política y territorio, desorienta a la gente y debilita cualquier construcción colectiva.
Quienes estábamos ahí éramos, otra vez, los mismos de siempre: el “elenco estable” que cada miércoles acompaña a los jubilados frente a la Legislatura. Muy poca gente nueva, muy poca renovación. Y mientras tanto, sectores que deberían estar defendiendo derechos básicos brillaron por su ausencia.
Lo que se dijo en el programa es claro: hay una posición tomada del oficialismo y una estrategia de silencio que les sirve. No necesitan la opinión pública ni la de los afiliados. Les basta con operar a oscuras, con favores y licencias, sosteniendo un entramado de conveniencias. Y mientras hablamos de lo que no hacen SUTE o CTA, perdemos tiempo para generar movimientos reales, esos que de verdad pueden abrir una contradicción en la comunidad y poner en marcha una fuerza transformadora. Por eso estamos impulsando nuevas herramientas de organización.
La situación de las maestras, los celadores y los docentes es grave. No han cobrado retroactivos; perdieron ítems como el arraigo por decisiones administrativas compulsivas; trabajan 12 horas diarias sin reconocimiento; y a muchos los dejaron cesantes sin derecho a defensa. Hubo casos absurdos: celadores que pintaron escuelas a pedido del gobierno porque las directoras les prometieron tres días de devolución y luego el mismo gobierno les cargó esas horas como faltas injustificadas. Así quedaron 600 trabajadores afuera. Y cuando fueron a buscar amparo al sindicato, recibieron un “no te conviene ir”, “la directora es amiga mía”. ¿Quién los defiende entonces?
A la crisis gremial se suma otra aún más grave: la educativa. Este año aumentaron los casos de alumnos que ingresan armados a las escuelas. Y la tendencia no mejora. Desde el SOE (Servicio de Orientación Educativa) vienen alertando que son ellos quienes reciben los primeros indicios de sufrimiento emocional, autolesiones, agresividad o riesgo suicida. Pero no tienen horas suficientes, ni personal, ni recursos para trabajar en prevención. Lo único que pueden hacer es atender emergencias o llenar actas para protegerse porque nadie protege al niño.
Dirección de Salud Mental no ha respondido. La DGE tampoco. La única política parece ser ahorrar plata. Se recortó presupuesto y, aunque anunciaron más profesionales, casi ninguno se vio reflejado en las escuelas, los centros de salud o los hospitales.
Mientras tanto, las familias se quedan sin dónde acudir: no hay psicólogos, no hay psiquiatras, no hay contención. Y los docentes, lejos de ser acompañados, terminan responsabilizados. Los equipos directivos y el SOE están exhaustos y sin recursos. Sabemos que la violencia escolar se agrava cuando no hay escucha, cuando no hay prevención, cuando el Estado se corre.
Desde ATM vamos a impulsar un proyecto en la Legislatura para aumentar las horas del SOE según matrícula. Las compañeras y compañeros autoconvocados son valiosos, pero sin una organización con personería jurídica los procesos se vuelven efímeros. Necesitamos estructura para sostener luchas que requieren continuidad y firmeza.
Este es el cuadro real de la educación en Mendoza. Una crisis profunda, negada y silenciada. Una crisis que afecta a docentes, estudiantes y familias. Y que no puede seguir escondida detrás de discursos oficiales vacíos.
Nombrarlo es el primer paso. Organizarse, el segundo. El tercero —y el más importante— es construir un “nosotros” que no permita nunca más que la educación quede en manos de la improvisación, el abandono y la indiferencia.
