Lo que vivimos hoy en la Legislatura fue una jornada triste. No solo por el avance apresurado del paquete minero, sino por la forma en que el gobierno intenta imponer un modelo que cambia a Mendoza para siempre, al margen de la ley y con papeles flojísimos. Me preocupa profundamente que sea el propio Estado el que vulnera sus normas para habilitar una actividad de alto impacto.
También creo que los mendocinos tenemos que repensar las licencias que concedemos con nuestro voto. Porque mientras algunos reconocen abiertamente que el “70% los votó” porque son empleados públicos, ese argumento lo usan para justificar que pueden avanzar con un paquete de leyes que transforma lo ambiental, lo económico y la estructura del Estado sin transparencia y sin debate real.
Uno de los puntos más graves es el Fondo de Compensación Ambiental. En vez de obligar a las mineras a hacerse cargo de los daños que generan, terminamos pagando todos los mendocinos. El fondo se financia con multas, donaciones y hasta créditos que pueda tomar la provincia. Si hay un derrame o un desastre ambiental, la empresa paga una multa mínima y el Estado remedia. Es decir: socializan los costos del riesgo minero.
Con las regalías pasó algo igual de peligroso. El Ejecutivo quiso dejar todo a su discreción, algo que es directamente inconstitucional porque solo la Legislatura puede fijar tributos. Delegar eso en un funcionario abre la puerta a la corrupción y a un trato desigual entre empresas. La presión obligó a corregir el proyecto, pero igual termina siendo un esquema opaco: un piso del 3% con progresividad al 5%, y la mayor parte de lo recaudado va a Rentas Generales, una caja donde todos sabemos cuándo entra el dinero, pero jamás sabemos dónde termina.
Nosotros propusimos un fondo soberano, similar al modelo de Noruega, donde lo que se recauda se invierte para garantizar equidad entre generaciones. Pero acá prefieren repetir modelos fracasados de otras provincias, en vez de aprender de lo que sí funciona.
Chile, por ejemplo, cobra regalías “boca mina”, pero además tiene un canon volátil atado al precio de los minerales. Cuando suben los precios, no solo gana la empresa: también gana el país. Así sostienen un fondo de estabilización fiscal y evitan la inflación. Usan la minería para Chile, no para las multinacionales. Acá hacemos lo contrario.
La falta de transparencia atraviesa todo. Desde el presupuesto hasta estos proyectos, siempre hay fondos donde no se sabe a dónde va el dinero, fondos de transporte que no mejoran el servicio, fondos eléctricos que no benefician al usuario, y un Estado que perdió credibilidad porque dejó de mirar a la ciudadanía.
Hoy lo vuelvo a decir: no estamos negando el desarrollo. Lo que rechazamos es un modelo extractivo que compromete el agua y deja a la provincia con más deudas que beneficios. No podemos permitir que Mendoza repita los errores de otros lugares. Merecemos un debate serio, honesto y transparente.
Sigo levantando la voz porque creo en una Mendoza que se defiende. Y lo voy a seguir haciendo.
