Hoy sentí, una vez más, que en Mendoza hay cosas que no quieren que sepamos. Y yo no estoy dispuesta a mirar para otro lado. Lo que pasó con el proyecto minero San Jorge fue grave: un informe del CONICET que inicialmente era lapidario para la empresa, y que luego fue modificado a pedido de la vicegobernadora, justo en plena sesión. Sí: modificado. Y tengo las pruebas.
A las 5:30 de la mañana envié un correo al presidente de la Cámara y a mi comisión avisando que había un hecho nuevo. Esa intuición que tenemos los viejos zorros cuando sabemos que algo va a cambiar de un momento a otro. Y así fue: al mediodía, el informe apareció corregido. Un instrumento público retocado, justo cuando la vicegobernadora estaba en el recinto, controlando la tropa desde el primer piso, donde al pueblo no lo dejan pasar.
Lo que está en juego no es solo un informe. Es la transparencia. La honestidad intelectual. La seriedad con la que se debe dar el primer debate de un proyecto minero de esta magnitud. Mientras el gobernador repite que el progreso de Mendoza depende de la minería, vemos a la vitivinicultura ahogándose, a las chacras del Este agonizando, y a un Estado que elige mirar para otro lado.
Durante semanas pedimos que los organismos públicos que objetaron el proyecto vinieran a explicar cómo la empresa resolvería los condicionamientos. No vino ninguno. Por eso desde la Comisión de Derechos y Garantías invitamos por fuera a especialistas que conocen el territorio, el agua y la legislación: Aldo Rodríguez Saá, Marcelo Giriró, Eduardo Sosa. Y todos coincidieron en algo: no hay licencia social, no hay agua suficiente y hay firmas truchas en supuestos apoyos ciudadanos. Un combo explosivo.
Lo que más me impactó fue descubrir que la empresa compró una estancia donde nace y muere el arroyo El Tigre, y que consideran que el agua es privada. Inaceptable en una provincia donde solo el 4% del territorio está irrigado. Y peor aún: los estudios que recabamos muestran que ni siquiera alcanza el agua para abastecer la futura mina.
Lo dije en la sesión y lo reitero acá: más que un proyecto minero, esto es un negocio inmobiliario gigantesco. Impulsa Mendoza S.A., con Emilio Guiñazú a la cabeza, es la cara visible de este armado. Un negocio que, desde hoy, vale más por haber conseguido una Declaración de Impacto Ambiental aprobada que por los minerales que prometen extraer.
No estamos todos en la misma bolsa. Hoy voté en contra y acompañé un dictamen en minoría que servirá como base jurídica para los juicios que vendrán. Lo hago porque creo en un nosotros ciudadano que merece información clara, debates honestos y decisiones que pongan primero a Mendoza y a su agua.
Sigo acá, diciendo lo que muchos no quieren decir. Porque alguien tiene que hacerlo.
