En una entrevista reciente, Ricardo Babillón plantea un diagnóstico contundente: lo que hoy atraviesan los trabajadores judiciales no es un problema gremial, sino un problema mendocino. La imputación que pesa sobre el sector —originada en una denuncia del Estado provincial— revela fisuras profundas en el funcionamiento institucional de la provincia.
“Decir que esto le pasa al gremio de judiciales es minimizarlo”, sostiene Babillón. “En Mendoza no existe división de poderes. Cuando un gobernador tiene un mandato absoluto sobre los magistrados, pasan estas cosas que creíamos enterradas desde 1983: la erosión del Estado de Derecho.”
Según explica, el gobierno, al no poder silenciar una lucha sindical ni encontrar irregularidades que justifiquen ataques o sanciones, recurre a una estrategia peligrosa: imputar sin pruebas, aun cuando se sabe que no hubo delito alguno. Una forma moderna de persecución que pone en riesgo no solo a un gremio, sino a cualquier ciudadano crítico.
La conversación también aborda un punto incómodo: el alineamiento político del oficialismo provincial, que dejó atrás su identidad radical para integrarse electoralmente con La Libertad Avanza. “Se tiñó violeta”, dicen en la mesa, marcando que el corrimiento ideológico no es menor cuando se observa el uso del aparato estatal para disciplinar voces.
Todo este escenario de persecución sindical, desbalance institucional, silencios políticos, configura un mosaico que debería preocupar a cualquier mendocino. No se trata de nombres propios, sino de la salud democrática provincial.
Cuando la división de poderes no funciona, la Justicia deja de ser un ámbito independiente y se convierte en una herramienta de poder. Y cuando eso ocurre, nadie está a salvo.
La entrevista con Babillón es una advertencia y un llamado a mirar más allá del conflicto puntual: a preguntarnos qué democracia tenemos y qué democracia queremos defender.
